Inspección de Trabajo de Cádiz requiere a un hospital una mayor protección a las médicos embarazadas

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha detectado deficiencias en la protección de médicos embarazadas del Hospital Puerta del Mar. Tras examinar una serie de casos denunciados por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) de Cádiz, ha extendido un requerimiento a dicho centro sanitario ante la infracción de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Según informa dicho sindicato, Inspección «requiere al hospital el cumplimiento y corrección de deficiencias relativas a la información, plazos de incumplimiento de la evaluación de riesgos y del informe de aptitud, seguimiento de su cumplimiento y ejecución, y revisiones de las médicos embarazadas, dando el plazo de cumplimiento de un mes».

Entre las irregularidades que advierte la Inspección Provincial de Trabajo en los casos examinados de facultativos embarazadas durante los años 2011 y 2012, se encuentra que médicos que habían comunicado su estado, no les llegó el informe de si su puesto de trabajo pone en riesgo su embarazo hasta un mes después, incluso en el caso de especialidades muy sensibles al riesgo. También, que tras la valoración inicial, no se realizan revisiones a las médicos embarazadas, aunque cambien de servicio como ocurre con los residentes. Asimismo, Inspección detectó casos de médicos que fueron declaradas «no apto temporal» -lo que indica incompatibilidad absoluta del embarazo con su puesto de trabajo- y, sin embargo, el hospital no tramita la baja por riesgo laboral.

Otras irregularidades detectadas son la continuidad en la realización de las guardias, a pesar de que las gestantes cuentan con una restricción absoluta, o casos en los que el tiempo transcurrido entre la comunicación del embarazo a la empresa y la declaración de aptitud con restricciones se da un vacío temporal incomprensible.

Por parte de las trabajadoras, la Inspección informa que la comunicación del estado de embarazo al hospital se produce de una forma variable, incluso en casos de especialistas que por sus condiciones de trabajo como la exposición a agentes infecciosos o sustancias químicas puede ser manifiesta desde el comienzo de la gestación. O casos en los que la comunicación por parte de la facultativa no se ha producido hasta que el médico le ha dado la baja maternal o ha surgido un problema en el embarazo.

Según el SM, el documento extendido por la Inspección «determina que cotejado el contenido de las obligaciones que como empresa tiene el hospital con la documentación aportada por el centro y las circunstancias constatadas por la inspección, es clara la insuficiencia del cumplimiento» de la ley de riesgos laborales en materia de protección del embarazo.

Algunas de las médicos afectadas afirman que han descansado después de la inspección de trabajo porque creen que se ha hecho justicia. Están contentas sobre todo «por las que vienen detrás». De hecho, comentan que ya «parece que se están comenzado a hacer las cosas bien».

Aunque no quieren revelar su identidad, varias de estas facultativas han contado la angustia con la que vivieron su embarazo hasta que, por fin, les dieron la baja por riesgo laboral. «Todos los días volvía a casa pensando que mi trabajo podía estar haciendo daño a mi bebé. Y con sensación de impotencia, porque estaba poniendo todo de mi parte y veía que no obtenía ninguna respuesta sobre algo tan evidente, que está escrito y es un derecho de la mujer del que se vanaglorian y luego no se cumple», relata una de ellas, que sabía desde el primer momento que su labor era incompatible con el embarazo.

Cuentan que hace unos años, se estableció un procedimiento por el que las mujeres tenían que declarar el embarazo al área de Riesgos Laborales, que realiza un informe que envía a Medicina Preventiva y ésta valora los riesgos que tiene cada trabajadora en su puesto de trabajo, mandando un informe a una Comisión de Valoración, que es la que decide si la trabajadora puede o no continuar con las labores que realiza, o hay que adaptarle el puesto.

Las facultativas afirman que el problema estaba en la Comisión de Valoración, que dilataba la comunicación de sus decisiones. Así, algunas, habiendo sido informadas en Riesgos Laborales que su puesto era incompatible con su embarazo y teniendo constancia que la Comisión de Valoración ya se había reunido y tomado una decisión, tenían que esperar meses a que se la comunicaran oficialmente. «Pasan los días y nadie te informa ni a ti ni a tu jefe y estás con la inquietud de que está en riesgo la salud de tu bebé. Yo iba todos los días a preguntar a la persona que en teoría estaba encargada de tomar la decisión, pero me mandaban de un lado a otro y nadie me atendía», comenta una de ellas. Y relata casos de compañeras a las que nunca les llegó la resolución del Comité de Valoración y tuvieron que darse de baja por problemas en el embarazo.

Alguna cuenta que acudió «desesperada» al Sindicato Médico, que fue el que consiguió agilizar algunos trámites. Ellas están también agradecidas a sus compañeros de trabajo, que «estaban sensibilizados con la situación y nos echaban un cable. Gracias a eso lo pudimos sobrellevar mucho mejor».

Estas facultativas señalan que no entienden que «si existe un procedimiento, ¿por qué no se sigue? No encontramos explicación porque con las enfermeras sí se lleva a cabo. Y sabemos que en otros hospitales de la provincia se estaba haciendo bien». Una de ellas añade que «tenías la sensación de estar perdiendo el tiempo al ir a Medicina Preventiva y Riesgos Laborales, que te ponían mal cuerpo al informarte de los riesgos que corres. Parece que lo de la Comisión de Valoración era un paripé, porque después nos hemos enterado que este paso no está contemplado en la ley».

El SM afirma que tiene constancia de que estas irregularidades se venían produciendo desde el año 2008, que tiene datos de 30 facultativas y que también tiene constancia de otras médicos que no han querido comunicar su estado, casi todas con contratos eventuales de corta duración y en varios de los casos las afectadas son médicos residentes. Sobre estos hechos informó a la Dirección-Gerencia y los distintos responsables en varias ocasiones desde noviembre de 2010 hasta la denuncia en la Inspección. El SM entiende que se han podido vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española, como los que establecen los artículos 14, 15, 16 ,18 y 26 de Ley Orgánica de Prevención de Riesgos Laborales y el artículo 8 de Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, «y esta grave vulneración de derechos fundamentales la confirma el documento de requerimiento extendido por la Inspección de Trabajo». El SM anuncia que va a solicitar una investigación de los hechos denunciados, por vía oficial, a la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Por su parte, el hospital sostiene que no ha vulnerado la Ley y asegura que a partir del requerimiento de la Inspección se han «extremado las medidas de protección».

http://www.prevention-world.com/es/actualidad/noticias/inspeccion-detecta-deficiencias-proteccion-medicos-embarazadas.html

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